Tras la muerte del joven trabajador haitiano Delouise Estimable, de 32 años, de la que se señala como responsable a agentes de la Dirección General de Migración (DGM) destacados en El Cruce de Jicomé, en la provincia Valverde, el Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores (MST), se hizo eco de las denuncias de los familiares de la víctima y se sumó a la exigencia de justicia.
Esta organización señala que varios medios locales han reseñado el testimonio de familiares que acusan a la DGM de golpear hasta la muerte a Delouise, negarle atención médica y de que las autoridades tratan de encubrir el asesinato alegando que la víctima sufrió un accidente de tránsito, sin realizar la autopsia correspondiente.
A juicio del MST, “no se trata de un crimen aislado. Este asesinato es una consecuencia de la depravación racista que alimenta el gobierno de Luis Abinader, mediante una campaña de detenciones arbitrarias contra personas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana, incluyendo el rapto de mujeres embarazadas en los hospitales y sus alrededores, detenciones y expulsiones de infantes separados de sus familias, y en los casos más extremos también torturas y asesinatos”.
Agrega que el 12 marzo de este año un agente de la DGM ejecutó de un disparo en la cabeza al joven trabajador haitiano Joel Lolo, en Las Matas de Farfán, durante un allanamiento ilegal. En mayo, policías, militares y agentes de la DGM sitiaron Ciudad Juan Bosch, en Santo Domingo Este, hiriendo a decenas de trabajadores y deteniendo a centenares de personas arbitrariamente.
Indica que el 12 de junio, «una turba fascista en la que participaban tres militares atacó una comunidad de Galván, en Bahoruco, asesinando a un trabajador haitiano, quemando su cuerpo e incendiando ocho viviendas. La lista de crímenes crece en una espiral de violencia anti obrera y racista al amparo de la impunidad”.
Salpican a Luis Abinader
En su declaración, el MST responsabiliza políticamente al gobierno de Luis Abinader, “por su permanente agitación racista en la que usa a la comunidad inmigrante haitiana como chivo expiatorio para distraer la atención pública de su desastrosa gestión en la que se han agravado todos los problemas sociales que venía padeciendo el pueblo dominicano bajo el yugo del PLD.
“Exigimos que cese la inacción cómplice de la Procuraduría General de la República y el Defensor del Pueblo ante estos crímenes. Llamamos a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, presidida por un diputado del Frente Amplio, a asumir su responsabilidad y enfrentar la campaña racista del gobierno”, apunta el comunicado.