Santo Domingo. La periodista Francisca Ramírez demandó al Gobierno cumplir con la elaboración y puesta en vigor del reglamento de aplicación de la Ley 43-23, que reconoce la lengua de señas en el país.
Llamó al Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS), al Ministerio de la Presidencia, a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y al presidente Luis Abinader a respetar las leyes y los derechos ciudadanos de las más de 150 mil personas sordas e hipoacúsicas que esperan la plena operatividad de esta normativa.
“Han pasado ya más de dos años desde que fue promulgada la ley, en agosto de 2023. En ella se establece claramente un plazo de 180 días para crear y poner en vigencia el reglamento, cuya ausencia impide garantizar derechos, especialmente en el acceso de esta comunidad a intérpretes en ámbitos críticos como la justicia y la salud”, explicó.
La productora y conductora del programa radial Comunicación y Democracia recordó que la Ley 43-23 reconoce a la comunidad sorda como un grupo que utiliza la lengua de señas como principal forma de comunicación y establece su uso obligatorio en educación, servicios públicos y medios de comunicación.
“Presidente Abinader, ya son más de 950 días, es decir, más de dos años. ¿Dónde está el reglamento? ¿Cuántos años más se estarán vulnerando los derechos de esta comunidad?”, cuestionó Ramírez.
Campaña
Como parte del 30 aniversario de Comunicación y Democracia, la periodista mantiene una campaña permanente en defensa de los derechos de las personas con discapacidad auditiva, actualmente enfocada en demandar que las instituciones responsables elaboren y pongan en vigencia el reglamento de la Ley 43-23.
Ramírez consideró que la ausencia del reglamento ha convertido la ley en “letra muerta”, al no existir voluntad política para desarrollar la herramienta normativa que permita su aplicación efectiva. “En su 30 aniversario, el programa Comunicación y Democracia apela a la solidaridad con la comunidad sorda del país”, expresó.
La periodista también resaltó los múltiples desafíos que enfrentan las personas con discapacidad auditiva en República Dominicana, quienes con frecuencia son invisibilizadas por la sociedad y por las políticas públicas. Indicó que el número de personas con esta condición aumenta por diversos factores, entre ellos problemas de salud, accidentes de tránsito y exposición prolongada a niveles de ruido que superan los decibeles tolerables para el oído humano.
De acuerdo con el Censo Nacional de 2023, en el país viven unas 150 mil personas con sordera o hipoacusia. Muchas de ellas enfrentan barreras para acceder a servicios de salud, al sistema educativo y a mecanismos de comunicación adecuados, debido a la escasez de intérpretes y a la limitada enseñanza de la lengua de señas.
En 2014, Comunicación y Democracia desarrolló la campaña “Escucha lo que digo”, orientada a visibilizar la situación de las personas con discapacidad auditiva. Desde entonces, el programa mantiene el tema en su agenda informativa, promoviendo el respeto a los derechos de esta población a la comunicación, la salud, la educación y la recreación.
