Santo Domingo. – La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados recibió al sacerdote Fray Arístides Jiménez Richardson, director ejecutivo del Patronato Nacional Penitenciario, para conocer su opinión sobre el proyecto de ley de Indulto.
Alexis Jiménez, presidente de la comisión, sostuvo que el tema a tratar es de vital importancia para esa comisión, ya que la ley de indulto es una reserva de Ley que está en la constitución, por lo que ambas cámaras tienen que dar una respuesta, ya que esa es una de las leyes que quedaron pendientes en el 2010, para ayudar a Sistema Penitenciario.
“Usted es una autoridad de vasto conocimiento del tema, por lo que no solamente le entregaremos el proyecto para su estudio y recomendación, sino que lo aprovecharemos al máximo”, sostuvo.
Dijo además que el motivo de la invitación, es que para la Comisión de Justicia, uno de sus saberes más importante es el tema de la sana administración de justicia en la República Dominicana.
“Nosotros estamos haciendo un estudio de la Ley de Indulto y sabemos que usted maneja los casos que se dan en las diferentes cárceles del país y nos gustaría que ese proyecto usted nos lo opine en cada artículo y que lo que entienda que debe estar lo ponga como otro artículo”., manifestó.
Sostuvo que la comisión necesitaba que le hiciera un esbozo de cuál es la situación penitenciaria en el país en la actualidad, cuáles han sido los escollos y que aportes podría hacer a la comisión a fin de mejorar esa área.
De su lado, Fray Arístides Jiménez Richardson, dijo sentirse honrado de visitar la comisión y de servir al país. “Tengo treinta y un años de servicio humanitario y pedagógico en el sistema penitenciario y en la defensa de la dignidad del ser humano.
Indicó que en referencia al tema que les ocupa, ciertamente ha habido un vacío legal de todo el tiempo en el país y que se han formado varias comisiones de indultos.
El sacerdote manifestó que a raíz de una situación muy adversa que ocurrió en el año 2003, el país quedó a nivel internacional en una lista de los países más corrupto en manejo del tema y que luego en el 2008 hubo otra situación y que en 2012, fue la última vez que se habló de indulto, razón por la que en esos años presentó su renuncia, por la manera en cómo se manejaba el tema.
Puntualizó que el indulto es una gracia, un perdón un acto de misericordia presidencial y que actualmente se le considera como un equilibrio ante la administración de justicia, ya que se puede dar el caso de que un inocente pueda estar condenado inocentemente.
“Manejar el indulto es administrar la gracia presidencial, no es juzgar el proceso judicial, ni juzgar al juez que emitió la sentencia, pues no le corresponde al ejecutivo eso, sino más bien es la gracia dirigida al individuo por su comportamiento y por su situación específica y un equilibrio antes los posibles abusos que se puedan cometer”. Indicó.
Dijo que el proyecto debe ser estudiado a fondo, ya que la ley de indulto debe ser un control, pero no una camisa de fuerza que evite que pueda instaurarse en un momento dado una justicia para una persona insolvente, vulnerable, ya que hay exigencias de documentos que una persona no los puede obtener rápidamente.
Sostuvo que el proyecto tiene que mostrarse los más perfectamente posible, que no tengas saltos ni incoherencias cuando se presente a la opinión pública, ya que el legislador busca lo mejor para el país.
Manifestó que el país ha hecho una gran inversión en estructuras y formación de recursos humanos, lo cual debe preservarse, ya que el sistema necesita un progreso donde el que persigue al ciudadano, no sea el mismo que lo custodia.
“En nuestro humilde parecer, lo que el país debe hacer es continuar fortaleciendo presupuestalmente, técnicamente y profesionalmente, lo que es la escuela nacional penitenciaria, ya que el país necesita tener un cuerpo de profesionales en el sistema penitenciario para poder darle a la República Dominicana un resultado óptimo”, indicó.
Finalizó respondiendo varias preguntas a los diputados y recalcando que el modelo penitenciario tiene que ser un objetivo a alcanzar y que el poder judicial debe ser autónomo, de manera que pueda ser fácil el flujo de recursos y que después que se gerencien sean supervisados y que se garantice la atención a los ciudadanos.