SANTO DOMINGO. Una práctica anticompetitiva de un agente económico puede impactar indirectamente el derecho al trabajo y la transparencia pública en el manejo de los recursos del Estado, ha advertido la presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia), María Elena Vásquez.
Al participar en un conversatorio virtual con el Centro Juan XXIII, con el tema “Disposiciones y criterios para garantizar la libre competencia”, recordó la frase pronunciada a principio de año por el Papa Francisco: “La competencia desleal en el ámbito económico y laboral se traduce a menudo en la pérdida de puestos de trabajo, el apoyo al trabajo no declarado o el trabajo mal pagado. Acaba favoreciendo formas de corrupción que se alimentan de la oscuridad de la ilegalidad y la injusticia”.
De acuerdo a la funcionaria, la frase del pontífice ilustra cómo una práctica anticompetitiva puede producir graves daños no solo a la libre competencia, sino indirectamente en otros ámbitos, como el derecho al trabajo o incluso la transparencia pública en el manejo de los recursos del Estado.
Explicó que la eficacia económica y el bienestar de los consumidores representan indicadores de una satisfacción del bien común cuando se trata de prácticas comerciales competitivas dentro de los parámetros de la buena fe y la ética comercial.
“Esto último” -precisó Vásquez- “es uno de los estándares básicos de la competencia leal”.
Refirió que el artículo 10 de la ley 42 de 2008 considera en términos generales que una práctica comercial se degenera en competencia desleal cuando no observa la buena fe y la ética comercial.
Tras describir las facultades de ProCompetencia y su pertinencia en la sociedad actual, enfatizó que esta institución descentralizada del Estado tiene clara su brújula axiológica, que es la económica y el bienestar de la gente, así como el gran desafío de forjar una cultura de libre y leal competencia.
