Santo Domingo. La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) aclaró este martes que los contratos que realiza el Seguro Nacional de Salud (SENASA) con los Prestadores de Servicios de Salud (PSS) se rigen principalmente por el sistema normativo propio del Régimen de Seguridad Social, establecido por la Ley 87-01, y no por la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.
El órgano rector explicó que los acuerdos entre SENASA y los Prestadores de Servicios de Salud (PSS) en cuanto a tarifas, coberturas, estándares y condiciones esenciales se enmarcan en un régimen técnico regulado por la Ley de la Seguridad Social.
“Por esta razón, estos contratos no se rigen por la Ley 340-06 y la DGCP no ejerce competencia sobre la definición de tarifas, selección de prestadores o revisión de los acuerdos que son regulados por la Ley 87-01”, destacó el órgano rector mediante una nota de prensa en la que reafirma la correcta distribución de competencias entre ambos marcos jurídicos.
No obstante, la DGCP aclaró que las adquisiciones de bienes, servicios y obras para el funcionamiento operativo de la aseguradora estatal sí son reguladas a través de la Ley 340-06.
“En estos procedimientos, sí la DGCP ejerce la rectoría del Sistema de Compras y Contrataciones, acompaña técnicamente, emite opiniones vinculantes y vela por el cumplimiento de los principios de transparencia, eficiencia y competencia”, subrayó la institución.
En este contexto, el órgano rector recordó que, en ejercicio de sus atribuciones, en agosto pasado, emitió la Resolución RIC-0109-2025 mediante la cual anuló un procedimiento de contratación directa entre SENASA y la razón social Farmacard, S.R.L. tras comprobar que el servicio contratado no se enmarcaba en la Ley 87-01 de Seguridad Social, sino que era de naturaleza administrativa y tecnológica.
Finalmente, la DGCP reafirmó su compromiso con la transparencia, la integridad y la correcta aplicación de la normativa vigente y aseguró que continuará acompañando a las instituciones para asegurar la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos.