Santo Domingo. La Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (CAUASD) valoró como positiva, responsable y esperanzadora la decisión de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, de instruir una investigación exhaustiva e inmediata sobre afectaciones, ocupaciones ilegales y posibles fraudes inmobiliarios en distintas áreas protegidas del país.
Las indagatorias abarcan espacios de alto valor ecológico como el Parque Nacional Jaragua, Bucanyé, la Sierra de Bahoruco, Valle Nuevo, las Dunas de Baní y el Parque Nacional Hoyo del Pino. También se ampliarán las pesquisas a actos que hayan derivado en la emisión de títulos y acciones privadas que comprometan la integridad de estos territorios.
En un documento público, la CAUASD sostuvo que la trascendencia de esta decisión se sustenta en tres razones fundamentales. En primer lugar, porque defiende el patrimonio natural como bien público. “Las áreas protegidas son soporte de biodiversidad, paisaje, cultura, suelos, bosques y costas; no son mercancía ni botín, sino garantía de vida y de soberanía ambiental”, expresó la comisión.
En segundo término, subrayó que la medida protege la seguridad hídrica nacional, debido a que la integridad de ecosistemas de montaña, humedales, dunas, bosques secos y bosques nublados está directamente vinculada a la producción, regulación y calidad del agua que consume la población y demanda la economía.
Como tercer punto, destacó que la investigación fortalece el Estado de derecho ambiental. A su juicio, indagar posibles entramados de corrupción, falsificación, prevaricación y otros mecanismos que hayan facilitado el apoderamiento de bienes naturales públicos envía un mensaje claro de que la impunidad ambiental no puede normalizarse.
La comisión consideró especialmente relevante que la fuerza de tarea especial, coordinada por el procurador adjunto Wilson Camacho e integrada por instancias especializadas del Ministerio Público y la Jurisdicción Inmobiliaria, disponga además la elaboración —junto al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales— de un informe pormenorizado sobre la situación jurídica y el impacto de los delitos medioambientales en las 134 áreas protegidas que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).
Según la CAUASD, este componente técnico permitirá ordenar evidencias, establecer patrones, identificar riesgos acumulativos y construir decisiones con base científica y legal sólida.
Disposición de acompañamiento
La Comisión Ambiental de la UASD reiteró su plena disposición de acompañar el proceso y puso a disposición del Ministerio Público y de las instituciones competentes su capacidad humana y técnica, así como sus equipos de trabajo y especialistas en áreas vinculadas a la investigación ambiental.
Finalmente, reafirmó que la defensa de las áreas protegidas no admite ambigüedades. “Es una causa de nación, de presente y de futuro”, concluye el documento, al señalar que la universidad pública está llamada a contribuir con ciencia, ética y compromiso social para que los hechos se investiguen, se documenten y se sancionen conforme a la ley, garantizando la no repetición de prácticas que lesionan el patrimonio natural dominicano.
