Las protestas como mecanismo de presión para lograr soluciones a problemas puntuales, ha sido siempre una constante en República Dominicana, sobre todo en gremios con gran arraigo e influencia en nuestra sociedad, como la Asociación Dominicana de Profesores (ADP).
Sin pensar en el impacto negativo que generan sus demandas con matices radicales, como ha sido su costumbre, la ADP regresa de nuevo al escarceo público, exigiendo mejoras salariales para sus miembros.
Las autoridades del Ministerio de Educación no siempre tienen el poder de detener esos paros en esa clase profesional, tan fundamental para el desarrollo de nuestra nación.
La ADP está muy o demasiado politizada, y esta característica impide incluso que sus luchas tengan un mayor nivel de apoyo y credibilidad en el resto de la población.
La gente común piensa que el rol de la ADP es ponérselas difícil al gobierno de turno, dependiendo de a qué parcela política pertenezca quiénes la dirijan. Y otro segmento importante está convencido de que ese gremio solo protesta para pedir mejoras para los maestros, más no para el sistema educativo.
Lo cierto es que todos parecemos estar acostumbrados a las huelgas de la ADP, y a las consecuencias funestas que dejan estos paros en la población estudiantil.
Y otra cosa que al parecer olvidan los adepeístas, es que no solamente ellos necesitan que el Gobierno aumento sus salarios, porque el costo de la canasta básica golpea por igual a cada bolsillo de los dominicanos, sobre todo de aquellos que luchan cada día para poder sobrevivir.