Yemen. El gobierno reconocido internacionalmente de Yemen debe poner fin a su hostigamiento y enjuiciamiento de periodistas en zonas bajo su control, como las gobernaciones de Taiz y Hadramaut, afirmó Amnistía Internacional.
En los últimos siete meses, las autoridades judiciales han enjuiciado al menos a tres periodistas por publicar contenidos que criticaban a instituciones o funcionarios públicos. Un cuarto periodista fue citado por la Dirección de Investigaciones Criminales para proceder a su interrogatorio en relación con una publicación en Facebook en la que criticaba los precios de venta del petróleo y estuvo detenido durante aproximadamente nueve horas.
“No se debe tratar a los periodistas como si fueran delincuentes por el mero hecho de expresar críticas a instituciones y empleados del gobierno. Estos periodistas sólo hacían su trabajo, y la libertad de expresión está protegida por el derecho internacional de los derechos humanos. El gobierno reconocido internacionalmente de Yemen tiene la responsabilidad de respetar la libertad de expresión y debe retirar todos los cargos formulados contra ellos”, ha declarado Diana Semaan, directora adjunta en funciones para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“Tomar medidas contra periodistas y activistas por ejercer su derecho a la libertad de expresión tiene un efecto disuasorio en la sociedad. Su verdadero objetivo es silenciar la disidencia y disuadir la expresión de voces críticas.”
En el primer semestre de 2022, el Sindicato de Periodistas de Yemen tuvo constancia de 11 casos de ataques, con inclusión de amenazas e incitación a la violencia, contra periodistas y medios de comunicación, de 9 casos de detención y 6 casos de enjuiciamiento y citación por las partes en el conflicto. El informe del sindicato reveló que el gobierno reconocido internacionalmente era responsable de 23 de estas violaciones de derechos humanos, mientras que las autoridades de facto huzíes eran responsables de 16.
Entre los cargos formulados figuraban los de “insultar” a un empleado público —que lleva aparejada una pena de hasta dos años de prisión en virtud del Código Penal—, burlarse de oficiales del ejército, ofender un símbolo del Estado y alterar el orden público.
Según el derecho internacional, el “insulto” no es un delito reconocible y no justifica una limitación de la libertad de expresión. Además, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha declarado que “el mero hecho de considerar unas formas de expresión insultantes para una figura pública no es suficiente para justificar la imposición de penas”.
Amnistía Internacional se opone a las leyes que prohíben el insulto o las expresiones de falta de respeto a jefes de Estado o figuras públicas, fuerzas armadas y otras instituciones públicas, banderas o símbolos, a menos que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia.