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martes, julio 8, 2025

JCE deja abierta auditoría externa de sus cuatro normas ISO

La Junta Central Electoral (JCE) dio inicio este lunes a una auditoría externa mediante el Sistema de Gestión Integrado (SGI) con el objetivo de preservar las cuatro normas ISO con la que cuenta la institución: 9001, de Gestión de la Calidad; la 54001, que aborda el Sistema de Calidad de la Gestión Electoral; 22301, referente a la Continuidad de la Operación; y 27001, enfocada en la Seguridad de la Información.

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Afganistán, un año después de que los talibanes tomaran el control del país

Afganistán. “Desde que tomaron el control de Afganistán hace un año, los talibanes dirigen un ataque sostenido contra los derechos humanos persiguiendo a grupos minoritarios, reprimiendo violentamente protestas pacíficas, suprimiendo los derechos de las mujeres y usando las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones para sembrar el miedo entre la población”, ha declarado hoy Amnistía Internacional en un nuevo informe.

El informe, titulado The Rule of Taliban: A Year of Violence, Impunity and False Promises, documenta violaciones flagrantes de los derechos humanos perpetradas durante un año de régimen talibán y revela la impunidad generalizada por crímenes como la tortura, los asesinatos de represalia y los desalojos forzosos de quienes se oponen a los talibanes.

Éstos habían prometido inicialmente respetar los derechos de las mujeres y la libertad de prensa, y una amnistía para funcionarios del gobierno.

“Hace un año, los talibanes se comprometieron públicamente a proteger y promover los derechos humanos. Pero la velocidad a la que están desmantelando 20 años de avances en materia de estos derechos es impresionante. Toda esperanza de cambio se ha desvanecido mientras los talibanes tratan de gobernar mediante la represión violenta con total impunidad”, afirmó Yamini Mishra, directora regional de Amnistía Internacional para Asia meridional.

“Las detenciones arbitrarias, la tortura, las desapariciones, las ejecuciones sumarias han vuelto y están a la orden del día. Las mujeres y las niñas, a quienes se ha despojado de sus derechos, afrontan un futuro sombrío, privadas de educación y de la posibilidad de participar en la vida pública”.

Amnistía Internacional pide a los talibanes que dejen inmediatamente de cometer violaciones flagrantes de derechos humanos y crímenes de derecho internacional. Como autoridades de facto de Afganistán, los talibanes deben restablecer, proteger y promover con carácter urgente los derechos del pueblo afgano.

“Para impedir que la crisis de derechos humanos de Afganistán siga escalando, la comunidad internacional debe tomar medidas significativas para que los talibanes rindan cuentas de estos crímenes”, añadió Yamini Mishra.

Libertad de expresión y de reunión

La investigación de Amnistía Internacional detalla el uso excesivo de la fuerza por las fuerzas de seguridad de los talibanes cuando tratan de imponer la prohibición de las protestas pacíficas. En varias grandes ciudades, las fuerzas de seguridad dispersaron protestas pacíficas golpeando y disparando a manifestantes desarmados.

“Vi a un hombre tirado sobre un charco de sangre en una zanja en la calle; creo que lo habían matado […] Yo tenía la mano rota, pero no fui al hospital por miedo a que me detuvieran por participar en las protestas”.

La represión por los talibanes de la libertad de expresión está dirigida contra las personas que defienden los derechos humanos y activistas de la sociedad civil, muchas de los cuales han sido objeto de hostigamiento, amenazas, detención e incluso asesinato como resultado directo de su trabajo de derechos humanos.

La libertad de prensa también es objeto de ataque. El 19 de septiembre de 2021, el Centro Gubernamental de Medios de Comunicación e Información (GMIC) dictó una orden de redacción poco precisa que prohibía a los periodistas publicar historias “contrarias al islam” o que “insulten a figuras nacionales”.

Yo tenía la mano rota, pero no fui al hospital por miedo a que me detuvieran por participar en las protestas.

El año pasado, más de 80 periodistas fueron detenidos y torturados por informar sobre protestas pacíficas. Uno de ellos contó a Amnistía Internacional: “Me pegaron y azotaron tanto en las piernas que no podía ponerme de pie […] Mi familia firmó un documento prometiendo que yo no hablaría sobre lo que me había pasado una vez que saliera en libertad; si lo hacía, los talibanes tendrían derecho a detener a toda mi familia”.

 

 

 

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