Justo en medio de un proceso de reforma policial, en las últimas semanas desde esa institución se han enviado señales que empañan el esfuerzo por tener una Policía Nacional moderna, capacitada y ajustada a las necesidades y requerimientos de los nuevos tiempos.
Podría citar más, pero prefiero detenerme en los dos casos más recientes, donde se puso en evidencia la falta de sentido común de nuestros agentes policiales.
El primero, ocurrido hace unas dos semanas, fue el atropello del que fue víctima el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, cuando acudió al Canódromo para comprobar in situs varias denuncias de ciudadanos que afirman que en ese lugar se les vulneran derechos y que opera una mafia para usufructuar los vehículos retenidos.
La propia coronela a cargo del Canódromo puso la nota disonante, al salir con palo de jugar golf de puro hierro y gritando improperios contra la comitiva de la Defensoría del Pueblo y los periodistas que la acompañaba. Todos fueron vejados de la por forma, por policías que debieron manejar la situación con un alto nivel de profesionalidad.
El segundo y más reciente caso en que la Policía nuevamente sacó la peor calificación en manejo de situaciones, tuvo lugar en San José de Ocoa. En un destacamento de un pueblo sureño, se presume que varios agentes molieron a golpes al señor José Gregorio Custudio, quien fue llevado en calidad de detenido.
La primera versión puesta a circular por la propia Policía de ese poblado, es que Custodio murió de una supuesta alergia, aunque eran evidentes las huellas que delataban la violencia ejercida en su contra.
Aunque el caso se investiga, toda la población ocoeña se une al grito de justicia por la muerte de este señor, quien llegó al destacamento en estado de embriaguez y de esta dotación policial salió moribundo a un hospital, donde finalmente espiró.
Ojalá que esta muerte sea resuelta sin ocultamientos de actores apadrinados, porque no es suficiente el traslado de la dotación completa del destacamento donde murió José Gregorio. Hay que investigar y aplicar todo el peso de la ley a los involucrados. Eso es lo que exige no solamente Ocoa, sino toda la sociedad dominicana.