Por Araceli Aguilar Salgado
El juicio se celebró por un tribunal militar a puerta cerrada. La responsable de velar por los derechos humanos en el mundo también pidió la liberación de los presos políticos, mientras que un experto independiente de la ONU pide a la comunidad internacional una «acción enérgica» contra el régimen del país asiático.
Ayer domingo, los medios de comunicación oficiales de Myanmar informaron que el ejército había ejecutado a cuatro personas, incluidos el exdiputado de la Liga Nacional para la Democracia (LND), Phyo Zeya Thaw y el activista por la democracia Kyaw Min Yu. Hla Myo Aung y Aung Thura Zaw fueron los otros dos hombres ejecutados.
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos condenó enérgicamente estas ejecuciones, llevadas a cabo desoyendo las reiteradas peticiones de las Naciones Unidas y la comunidad internacional para que no se aplicaran las sentencias de muerte.
Michelle Bachelet expresó gran consternación por las muertes: “Este paso cruel y regresivo es una extensión de la actual campaña represiva de los militares contra su propio pueblo. Estas ejecuciones, las primeras en Myanmar en décadas, son crueles violaciones de los derechos a la vida, la libertad y la seguridad de una persona y las garantías de un juicio justo. Que los militares amplíen su matanza sólo profundizará la crisis que ellos mismos han creado”, advirtió.
Asimismo, Bachelet pidió la liberación inmediata de todos los presos políticos y otras personas detenidas arbitrariamente, e instó al país a restablecer su moratoria de facto sobre el uso de la pena de muerte como un paso hacia la abolición final de ese castigo.
Condena del relator para Myanmar
Por su parte, el relator* de la ONU para Myanmar también ha pedido una respuesta internacional contundente tras las ejecuciones de los cuatro defensores de la democracia por parte de la junta militar. Thomas Andrews se declaró «indignado y devastado».
Los cuatro hombres ejecutados fueron declarados culpables de ayudar a llevar a cabo «actos terroristas» contra el Ejército que tomó el poder en un golpe de estado el año pasado y desató una sangrienta represión contra sus opositores. Las condenas se produjeron en juicios celebrados a puerta cerrada celebrados en enero y abril.
Violación de los derechos humanos
Las ejecuciones se llevaron a cabo a pesar de las peticiones mundiales de clemencia, incluidas las de varios expertos en derechos humanos de la ONU y de Camboya, que ostenta la presidencia rotatoria de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático.
Andrews condenó la decisión de llevar a cabo las ejecuciones cuando se anunciaron en junio. En un comunicado dijo que los hombres fueron «juzgados, condenados y sentenciados (…) sin derecho a apelación y, al parecer, sin asistencia letrada, lo que viola la legislación internacional sobre derechos humanos».
El relator pidió una «acción enérgica» de los Estados miembros de la ONU contra los «asesinatos generalizados y sistemáticos de manifestantes, los ataques indiscriminados contra pueblos enteros y ahora la ejecución de líderes de la oposición».
«Hay que rechazar firmemente el statu quo de la inacción internacional», añadió. En junio, el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, también pidió que se retiraran las acusaciones «contra los detenidos condenados por actividades relacionadas con el ejercicio de sus libertades y derechos fundamentales, y que se liberara inmediatamente a todos los presos políticos de Myanmar».
Destacados activistas
Entre los ejecutados se encuentra Phyo Zeya Thaw, antiguo legislador del partido de la líder destituida Aung San Suu Kyi, la Liga Nacional para la Democracia. También conocido como Maung Kyaw, fue condenado en enero por un tribunal militar por delitos de posesión de explosivos, atentados y financiación del terrorismo.
Phyo Zeya Thaw fue detenido el pasado mes de noviembre por disparar contra el personal de seguridad, según dijeron entonces los medios de comunicación estatales. También se le acusó de ser una figura clave en una red que llevó a cabo lo que los militares describieron como ataques terroristas en Yangon, la mayor ciudad del país.
También fue ejecutado el activista democrático Kyaw Min Yu, más conocido como Ko Jimmy, por violar la ley antiterrorista. Era uno de los líderes del Grupo de Estudiantes de la Generación del 88, veteranos de un fallido levantamiento popular de 1988 contra el gobierno militar.
Ya había pasado más de una docena de años entre rejas por activismo político antes de su detención en Yangon el pasado octubre. Había sido incluido en una lista de personas buscadas por publicaciones en las redes sociales que supuestamente incitaban a los disturbios, y los medios de comunicación estatales dijeron que se le acusaba de actos terroristas, como ataques a minas, y de dirigir un grupo llamado Operación Luz de Luna para llevar a cabo ataques de guerrilla urbana.
Los otros dos, Hla Myo Aung y Aung Thura Zaw, fueron declarados culpables de torturar y matar a una mujer en marzo de 2021, a la que supuestamente creían una informadora militar.
Primer uso de la pena capital
En general, se cree que la última ejecución judicial que se llevó a cabo en Myanmar fue la de otro delincuente político, el líder estudiantil Salai Tin Maung Oo, en 1976, bajo un gobierno militar anterior dirigido por el dictador Ne Win.
En 2014, las sentencias de los presos condenados a muerte fueron conmutadas por cadena perpetua, pero varias docenas de condenados recibieron penas de muerte entre entonces y el golpe de estado del año pasado.
Por su parte, el relator especial de la ONU sobre la Situación de los Derechos Humanos en Birmania, Tom Andrews, también reprochó estas ejecuciones que, a su juicio, se dieron sin derecho a la apelación y que fueron juzgados sin un abogado.
De igual forma, instó a la comunidad internacional a tomar acciones contundentes con la Junta Militar de Myanmar debido a los «asesinatos generalizados y sistemáticos de manifestantes, ataques indiscriminados contra pueblos enteros y, ahora, la ejecución de líderes de la oposición.
Según ONG Human Rights Watch (HRW) local, más de 2.000 civiles murieron y más de 15.000 fueron detenidos desde el golpe de Estado.