Por Karina Jiménez
SANTO DOMINGO. Durante años, el país ha venido sufriendo fuertes apagones y una mala organización estatal del fluido eléctrico. Como consecuencia de esta deficiencia, además de las molestias e impotencias provocadas por las prolongadas interrupciones de este servicio, cada año, cientos de personas mueren electrocutadas por causa de fraudulentas e ineficientes conexiones de los cables que distribuyen energía sectoriales.
Los postes de luz se ven saturados de alambres. En las calles, los cables se cruzan y entrecruzan sin ningún tipo de control. En los principales barrios de Santo Domingo y el Distrito Nacional surgen brigadas de “electricistas” improvisados, con la única misión de dañar, despegar, cortar y hasta robarse los cables de electricidad.
Y para colmo suelen cobrar a los usuarios por el “trabajo” realizado. Todo esto como si fueran representantes reales de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).
La verdad es que ningún gobierno ha podido resolver ésta situación. Solo en campañas electorales se escuchan propuestas y promesas de solución y, después de alcanzado el poder, volvemos a sufrir los embates de uno de los problemas más viejos que en términos estatales registra la historia dominicana.
Antecedentes
Las distorsiones en el complejo negocio de compra y venta de energía eléctrica empezaron en los años 1974 -1978. Es decir, en el último período de los 12 años de gobiernos del fenecido Joaquín Balaguer.
Pero es en el gobierno de Antonio Guzmán cuando se agudiza este problema, exactamente en el 1978. Para entonces, la CDE estaba a tiempo de frenar ésta problemática de una manera objetiva, pero muy al contrario, en 1986, cancelaron a la mayoría de los ingenieros y técnicos sin ninguna razón válida.
Así la crisis energética fue cobrando fuerzas. Para el 1990, existía un déficit que se mantuvo en aproximadamente 300 megavatios hora. Cabe precisar que un megavatio era anteriormente señalado como Mw, que es igual a mil kilos de energía. Entre 1997 y 1998, se dio el proceso para privatizar la producción y distribución de energía eléctrica.
Para esa época, en su primera gestión al frente de la Administración Pública, el presidente Leonel Fernández otorgó un subsidio de algo más de 500 millones de dólares al año. En el 2002, el sector eléctrico sufrió una de esas crisis recurrentes: los apagones se incrementaron ante el desconcierto de la población que fue obligada a pagar una tarifa más alta.
Se produjo un aumento de un 107 por ciento y las quejas se hicieron sentir porque lo cobrado no se correspondía con el servicio recibido. Ya para el 2003, los apagones habían dado una tregua a un pueblo casi acostumbrado a vivir en la oscuridad. Los apagones eran menos frecuentes y tenían menos duración.
Se recuerda que se produjo un déficit de energía por problemas financieros y contradicciones entre el gobierno y las empresas distribuidoras. Pero el caos del sector eléctrico se hizo sentir nuevamente en el 2004, pues los apagones se hicieron más frecuentes mientras que las distribuidoras y generadoras de energía alegaban que eran apagones por problemas financieros.
Es en esta coyuntura que el presidente Fernández, al ganar las elecciones de ese año, creó el Programa de Reducción de Apagones (PRA), que cobraría a los usuarios pobres entre los 50 y 300 pesos mensuales. El objetivo esencial era, por lo menos, apaciguar la incontenible crisis que castiga inmisericorde al sector energético.
Ya han pasado cinco largos años después de haberse implementado este programa. Sin embargo, los apagones se sienten más y son muchas las luchas barriales y sindicales en reclamo de que las autoridades puedan sacar de “cuidados intensivos” al desmejorado sistema energético nacional.
Mientras, la población sigue pagando largas tandas de apagones (ahora con cobros compulsivos) ordenados por la CDEEE. Y sin esperanzas fiables de solución.
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